Ley de RRHH con Ellen Swan | E073
La Administración General del Estado ofrece un amplio catálogo de ayudas, consistentes principalmente en reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, destinadas a fomentar nuevos empleos estables o indefinidos (especialmente para desempleados incluidos en colectivos como mujeres en general, jóvenes de 16 a 30 años, parados de larga duración, parados mayores de 45 años y personas con discapacidad).
Además, con carácter excepcional, se instrumentan determinadas bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para los contratos temporales que se realicen con trabajadores con discapacidad o con personas en situación de exclusión social, (siempre que en ambos casos estén desempleados e inscritos como demandantes de empleo en la Oficina de Empleo), así como con personas que acrediten haber sido víctimas de violencia de género.
Cuando el contrato indefinido o temporal sea a tiempo parcial, el incentivo será el resultado de aplicar a los incentivos estipulados para cada caso, un porcentaje igual al de la jornada laboral estipulada en el contrato, incrementado en un 30% (cuyo resultado no podrá superar en ningún caso el 100% de la cuantía total, salvo en relación con los incentivos a la contratación de personas con discapacidad a través de centros especiales de empleo).
Coronavirus (COVID-19) y el lugar de trabajo | 10 de marzo de 2020
Esta obligación empresarial ha sido objeto de una creciente atención por parte de la Inspección de Trabajo en los últimos años, dando lugar a campañas específicas destinadas a promover el conocimiento de esta obligación, así como a la sanción de los incumplimientos detectados.
El artículo 42.1 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece que las empresas que empleen a 50 o más trabajadores están obligadas a contratar al menos a un 2% de empleados con discapacidad. Además, establece que, en circunstancias excepcionales, podrán quedar exentas total o parcialmente de esta obligación en determinados casos, siempre que se apliquen las medidas alternativas que determine la ley.
En relación con esta obligación empresarial son aplicables varias normas complejas de ámbito autonómico, nacional e internacional y existe muy poca jurisprudencia al respecto. Por ello, es especialmente relevante el criterio establecido por las Autoridades Laborales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por ello, resulta de gran interés el Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo 98/2016, que recoge los criterios interpretativos aplicables y las actuaciones prácticas en las inspecciones provinciales. A lo largo de este breve comentario, haremos referencia a los puntos fundamentales de este documento.
La restauración en la nueva normalidad
En segundo lugar, el Plan Anual de Política de Empleo 2014 incluía cinco objetivos estratégicos: (1) mejorar la empleabilidad de los jóvenes y poner en marcha el Plan Nacional de Implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España; (2) promover la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo: mayores de 55 años, parados de larga duración y beneficiarios; (3) mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo; (4) reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo; y (5) promover el emprendimiento.
En tercer lugar, la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020 tiene como objetivo que las empresas, las administraciones públicas y otras organizaciones avancen hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora. Incluye varias medidas para promover la inclusión de los grupos en riesgo.También se han desarrollado varias leyes específicas. Por ejemplo, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendimiento y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Asimismo, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, establece, entre otras medidas de carácter general, reducciones y bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad que trabajen por cuenta propia. Más recientemente, la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y de medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social, incluye medidas como: (1) ampliar la posibilidad de contratación pública con empresas de inserción, además de los Centros Especiales de Empleo existentes; (2) fijar reducciones de cuotas y bonificaciones a la Seguridad Social para las Personas con discapacidad dadas de alta como autónomos; (3) cumplir un porcentaje mínimo de cuota para participar en los contratos a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción; (4) permitir que los trabajadores autónomos con discapacidad no pierdan el derecho a disfrutar de sus beneficios como autónomos como consecuencia de la contratación de otros trabajadores.
Stand Up, Inc. – ¿Qué es el empleo con apoyo?
La Comisión de Calidad Asistencial (CQC) ha lanzado recientemente su nueva asociación “Cuéntenos sobre su atención” con una serie de organizaciones benéficas nacionales, entre las que se encuentra Disability Rights UK. Disability Rights UK se encarga de recoger las opiniones de las personas discapacitadas sobre sus experiencias en el uso de los servicios sanitarios y sociales. La CQC agradecerá sus comentarios sobre su experiencia en el uso de cualquiera de los servicios que regula. Haga clic aquí para hacerlo.
Si usted es beneficiario de un presupuesto personal (PP) y recibe dinero de su ayuntamiento para sufragar el coste de su ayuda, o si es beneficiario de un presupuesto personal de salud (PHB) y recibe financiación del NHS, podrá elegir cómo se gasta la suma total de dinero y tener el máximo control sobre su atención de la forma que más le convenga.
Disponer de un presupuesto personal/presupuesto sanitario personal en forma de pagos directos le permite destinar el dinero a la compra de los servicios pertinentes a los proveedores de servicios. Una de las formas de aumentar tu nivel de independencia es contratar a cuidadores u otros profesionales de la salud a través de agencias de asistencia o conseguir tus propios asistentes personales (AP) que te ayuden en las tareas cotidianas, te apoyen en tu propia casa, te preparen las comidas o te ayuden a salir y mantenerte activo.
