Eu gpp
La contratación pública sigue el principio de mejor valor a través de la competencia. No existe una política oficial de preferencia nacional, ni discriminación contra los proveedores extranjeros, pero el Gobierno de España (GOS) fomenta la “oportunidad plena y justa” para los proveedores españoles.
En la plataforma de contratación centralizada del Gobierno de España (PLACSP) se puede consultar un listado de licitaciones españolas. Los gobiernos regionales españoles también publican las licitaciones dentro de sus áreas, aunque el acceso a la lista de licitaciones varía de una región a otra. Algunas, como la Generalitat de Cataluña, publican la lista en su página de contratación pública, mientras que muchas otras invitan a los interesados a registrarse previamente.
Las decisiones de contratación se toman normalmente a nivel de los respectivos departamentos u organismos. Sin embargo, para algunas categorías de productos, la Subdirección General de Contratación Pública ha abierto un mecanismo de licitación centralizado que utiliza un registro en línea para los licitadores y las ofertas abiertas. Estas categorías incluyen ordenadores, vehículos, equipos de oficina y calefacción. El acceso se realiza a través de la página de contratación del Ministerio de Hacienda.
Mercado único
El requisito primordial de la política de contratación es que toda la contratación pública debe basarse en la relación calidad-precio, definida como “la mejor combinación de calidad y eficacia por el menor gasto durante el periodo de utilización de los bienes o servicios adquiridos”. Esto debe lograrse a través de la competencia, a menos que haya razones de peso para lo contrario.
Además de estos principios fundamentales del Tratado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido algunos principios jurídicos generales. Los más importantes de estos principios generales del derecho que debe conocer en el contexto de la contratación pública son:
Desde la década de 1970, la UE ha adoptado normas para garantizar que el mercado de la contratación pública de la UE sea abierto y competitivo y que los proveedores reciban un trato equitativo y justo. Las normas abarcan aspectos como la publicidad de los contratos, los procedimientos de evaluación de las credenciales de las empresas, la adjudicación de los contratos y los recursos (sanciones) cuando se incumplen estas normas.
Las normas de la UE se recogen en una serie de directivas que se actualizan periódicamente. Los Estados miembros tienen que elaborar legislación nacional (reglamentos) para aplicar las normas de la UE en la legislación nacional dentro de determinados plazos. La última actualización de las directivas de contratación pública de la UE se produjo en abril de 2014. Esta actualización fue el resultado de una exitosa campaña de presión por parte del gobierno del Reino Unido y de nuestros socios de la UE para negociar un régimen de normas de contratación más simple y flexible. Los Estados miembros disponían entonces de dos años para incorporarlas a su legislación nacional, es decir, antes de abril de 2016.
Concurso público
El Gobierno se ha comprometido a aumentar la transparencia en todas sus operaciones para que los ciudadanos puedan pedir cuentas a los organismos públicos y a los políticos. Esto incluye compromisos relacionados con la contratación pública.
Los Principios de Transparencia fueron actualizados el 16 de febrero de 2017. En ellos se exige a los departamentos de la Administración Central que divulguen de forma proactiva la información en consonancia con los compromisos mencionados y durante la vigencia del contrato.
Debe establecer al inicio de un contrato qué información puede publicarse con exenciones siguiendo las disposiciones de la Ley de Libertad de Información, por ejemplo, por motivos de seguridad nacional o de confidencialidad comercial. Sólo debe retenerse la información verdaderamente sensible desde el punto de vista comercial.
En el caso de la información sobre adquisiciones, esto incluye la publicación mensual (o preferiblemente en tiempo real) en Contracts Finder de todas las licitaciones o invitaciones a cotizar para contratos de suministro de bienes y/o servicios cuyo valor supere las 10.000 libras esterlinas (y se recomienda un umbral más bajo de 500 libras esterlinas), los detalles de las licitaciones que no hayan sido anunciadas anteriormente y todos los contratos en su totalidad cuando el valor del contrato supere las 5.000 libras esterlinas. La responsabilidad de esta legislación y del Código recae en el Departamento de Comunidades y Gobierno Local, que llevó a cabo una consulta sobre el fortalecimiento del código, cuyos detalles se pueden encontrar en línea.
Contratación pública ecológica
El informe se solicitará con carácter previo a la licitación pública siempre que se trate de un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, formalizado por poderes o entidades adjudicadores (u otros entes u organismos dependientes) de la Administración General del Estado o de las Corporaciones Locales, así como de aquellas Comunidades Autónomas adheridas a la ONE.Estos contratos deberán reunir las características descritas en los apartados a) y b) del artículo 333.3 de la LCSP.También se solicitará informe sobre los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato (de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 270. 2 y 290.4 de la LCSP), si se trata de concesiones de obras o concesiones de servicios previamente informadas de acuerdo con los apartados a) y b) del citado artículo 333.3 de la LCSP o suponen la incorporación a los contratos de elementos que los hagan susceptibles de informe.El procedimiento se iniciará cumplimentando el formulario de solicitud que se encuentra en el portal de tramitación, adjuntando toda la documentación necesaria de acuerdo con la propia LCSP y la Orden HFP/1381/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación.
