Construir en España
Entonces, los rasgos característicos del trabajo asalariado se encuentran, entre otros, en el contrato de trabajo, como vínculo que regulariza la prestación de tales servicios, y por el cual una persona (el trabajador) se compromete a realizar una actividad, durante algún tiempo (definido o indefinido), en el marco de la organización bajo la dirección de otra (el empleador) a cambio de una remuneración.
Sin embargo, para que nazca una relación, no basta con que se produzca una prestación real o una actividad concreta realizada de forma personal y voluntaria, sea o no remunerada, sino que hay que unir esos otros elementos, que son precisamente los que permiten calificarla como “trabajo”, en particular la asunción de los costes, riesgos y resultados económicos individuales de la actividad productiva por parte del receptor del servicio (ajenidad), así como la dependencia o subordinación del trabajador respecto del empresario, al estar dentro de su círculo disciplinario y organizativo.
La relación laboral tiene un estatus de “supuesto legal” en España ya que el Estatuto de los Trabajadores establece que existe una relación laboral cada vez que se realiza un trabajo bajo la dirección, organización y cuenta de otro, a cambio de una remuneración.
Construcción en España
La contratación pública en España podría definirse como el proceso administrativo en virtud del cual una entidad perteneciente al sector público inicia un procedimiento denominado licitación o concurso para seleccionar un contratista privado con el fin de satisfacer una necesidad concreta.
En este sentido, las entidades públicas deben respetar los principios que enmarcan la contratación pública en España, y cumplir con las disposiciones que regulan el procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución de los contratos públicos.
Como consecuencia de las anteriores Directivas Comunitarias, la de 9 de noviembre de 2017, entró en vigor en España la nueva ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), como transposición del derecho español en el marco legislativo europeo.
De acuerdo con lo establecido en la LCSP, las organizaciones públicas deben regirse durante todo el proceso de licitación y la posterior ejecución de los contratos públicos, por los principios que rigen la contratación pública.
Estos principios son los de igualdad y transparencia, no los de discriminación. Así, la LCSP establece que los órganos de contratación han de velar por que en todo el proceso se salvaguarde la libre competencia.
Derecho español de la construcción
La presente Ley tiene por objeto la transposición de la Directiva 93 /13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como la regulación de las condiciones generales. de la contratación, y se dicta en virtud de los títulos competenciales que la Constitución Española atribuye en exclusiva al Estado en el artículo 149.1.6. y 8.ª, para incidir en la legislación mercantil. ª, por afectar a la legislación mercantil y civil.
Una cláusula es condición general cuando es predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes, y no tiene por qué ser abusiva. Es una cláusula abusiva que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante e injustificado en las obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de condición general, puede darse en contratos particulares en los que no hay negociación individual de sus cláusulas, es decir, en los contratos de adhesión particulares.
Las condiciones generales de contratación pueden darse tanto en las relaciones de los profesionales entre sí como en las de los consumidores. En un caso, se exige que las condiciones generales formen parte del contrato, sean conocidas o -en ciertos casos de contratación no escrita- exista la posibilidad real de que sean conocidas, y que se redacten de forma transparente, clara, concreta y sencilla. Pero, además, se exige, cuando se contrata con un consumidor, que no sean abusivas.
Ley de contrataciones del estado españa
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Una primera aproximación a nuestro sistema de contratación civil en Derecho Común hace imprescindible señalar la complejidad de esta materia, no sólo bajo la tipología de los contratos en España, sino también en atención a la naturaleza, circunstancias, fines, elementos y un largo etcétera que hace imposible su tratamiento detallado en estas líneas.
Así, a efectos explicativos, nos ocuparemos de la distinción que hace el Código Civil de Derecho Común en España, siempre con las reservas correspondientes a la pluralidad de legislaciones civiles existentes en nuestro Estado, en virtud del artículo 149.1.8 de nuestra Constitución.
Es el Libro IV el que trata de las obligaciones y los contratos en España, en el que dedica sus dos primeros títulos a las disposiciones generales sobre las obligaciones y los contratos, regulando desde su título tercero las siguientes:
Es el Libro IV el que trata de las obligaciones y contratos en España, en el que dedica sus dos primeros títulos a disposiciones generales sobre obligaciones y contratos, regulando desde su título tercero lo siguiente
