Sesión FIDIC II
Liz Truss ha sido confirmada como la próxima Primera Ministra del Reino Unido. Este artículo examina algunos de los compromisos que ha asumido hasta ahora y lo que su liderazgo podría significar para los empresarios y los trabajadores.
Este mes informamos sobre la sentencia del Tribunal Supremo en el importante caso Harpur Trust contra Brazel. Este caso aclara el funcionamiento de la ley sobre vacaciones y retribución y pone de manifiesto que la…
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Mejorar la capacidad de los clientes de los países emergentes en
La legislación de Macao no dispone de estatutos generales que regulen la contratación pública. A pesar de algunas disposiciones generales en el Código de Procedimiento Administrativo, la materia se rige por diferentes estatutos que regulan los distintos contratos públicos y los procedimientos de contratación, como se detalla a continuación.
La adquisición de bienes y servicios, la concesión de obras públicas y los servicios públicos están sujetos a estatutos especiales de regulación de la contratación pública. Según la ley actual, cuando el contrato de obras públicas se estima que supera los 2,5 millones de MOP, o cuando el coste estimado para la adquisición de bienes y servicios supera los 750.000 MOP, la autoridad adjudicadora deberá organizar la contratación mediante concurso público. Recientemente se ha propuesto la revisión de estos umbrales de valor mínimo, como se indica en el apartado 5.4 Enmiendas legislativas en estudio.
El papel del ingeniero en los contratos FIDIC
El pasado 9 de noviembre se publicó en el nuevo BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP). Esta Ley llega tras una larga tramitación parlamentaria y habiendo superado con creces el plazo de transposición del tercer paquete de directivas comunitarias en materia de contratación pública finalizado el 18 de abril de 2016.
La LCSP entrará en vigor con carácter general el 9 de marzo de 2018 (DF 16ª), derogando expresamente el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo determinado por la nueva LCSP. No obstante, las disposiciones relativas a los órganos consultivos (arts. 328 a 334) y la modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (DF 10ª), están vigentes desde el 10 de noviembre de 2017.
Contratos FIDIC: la norma de oro para los proyectos
1 Las autoridades locales pueden regular de este modo el comercio de los mercados y las calles. Otro ejemplo ha sido el uso de disposiciones contractuales para regular a los titulares de las franquicias de las cadenas de televisión independientes: véase Lewis, “IBA Programme Contract Awards” (1975) Public Law 317.
2 Véase, por ejemplo, Turpin, Government Procurement and Contracts (1989) pp 73-79; Puri, Australian Government Contracts (1978) Ch 9; Arrowsmith, Government Procurement and Judicial Review (1988) pp 81-101 (Canadá); y, por ejemplo, Nash Jr, y Cibinic Jr, Federal Procurement Law, vol 1 (1977) Ch 8 (Estados Unidos).
4 Véase, por ejemplo, Hogg, Liability of the Crown (2ª ed., 1989), pp. 1-3; Harlow, ‘”Public” and “Private” Law: Definition without Distinction’ (1980) 43 Modern Law Review 241; Samuel, ‘Public and Private Law: A Private Lawyer’s Response’ (1983) Modern Law Review 558; Mitchell, ‘Causes and Effects of the Absence of a System of Public Law in the United Kingdom’ (1964) Public Law 95.
Case of Proclamations (1611) 77 ER 1352. Existe, por supuesto, la excepción de los poderes extraordinarios que tiene la Corona en virtud de la prerrogativa, pero éstos se limitan a una materia bastante específica.
