Ley de Contratos de la India | Parte 1
El Tribunal Supremo interpreta que la indemnización por daños y perjuicios a la que tiene derecho un contratista cuando se resuelve un contrato por alguna de las causas imputables a la Administración incluye el lucro cesante, también en aquellos contratos anteriores a la Ley 9/2017
La interpretación del Tribunal Supremo abre la puerta a que los contratistas que soliciten la resolución anticipada de los contratos de gestión de servicios públicos por retrasos de más de 6 meses en el pago por parte de la Administración puedan reclamar el lucro cesante, posibilidad que finalmente se introdujo en la nueva Ley 9/2017.
El 25 de septiembre de 2019 la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que anula la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, reconociendo el derecho del contratista a la indemnización que debe abonar el Ayuntamiento de Albox por la resolución anticipada de un contrato de concesión de limpieza de locales municipales y otros edificios públicos, limpieza viaria y mantenimiento de parques, plazas y jardines municipales de Albox, de fecha 22 de mayo de 2000, que debía incluir el lucro cesante. La resolución del contrato fue solicitada por el contratista al amparo del artículo 168 a) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) -con la misma redacción que las leyes de contratos posteriores- que contempla como causa de resolución el retraso de más de seis meses por parte de la Administración en la entrega al contratista de la contraprestación o medios auxiliares a los que estaba obligado en virtud del contrato.
Cómo superar una pregunta de Derecho contractual
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Conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas el 20 de julio de 2017.#Comisión Europea/República de Austria.#Incumplimiento de obligaciones por parte de un Estado miembro – Directivas 92/50/CEE y 2004/18/CE – Contratos públicos de servicios – Imprenta del Estado – Presentación de documentos de identidad y otros documentos oficiales – Adjudicación de contratos a una empresa de derecho privado sin que se haya llevado a cabo previamente un procedimiento de adjudicación – Medidas especiales de seguridad – Protección de los intereses esenciales de los Estados miembros.#Asunto C-187/16.
Conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas el 20 de julio de 2017.Comisión Europea/República de Austria.Incumplimiento de Estado – Directivas 92/50/CEE y 2004/18/CE – Contratos públicos de servicios – Imprenta del Estado – Elaboración de documentos de identidad y otros documentos oficiales – Adjudicación de contratos a una empresa de Derecho privado sin que se haya llevado a cabo previamente un procedimiento de adjudicación – Medidas especiales de seguridad – Protección de los intereses esenciales de los Estados miembros.Asunto C-187/16.
Derecho: Lo que usted quiere saber sobre los contratos de formación
El 23 de mayo de 2017, la Directiva de Concesiones (2014/23/UE) fue finalmente implementada en la legislación irlandesa, más de un año después de la transposición de la Directiva de Contratos Públicos (2014/24/UE) y la Directiva de Servicios Públicos (2014/25/UE). Los Reglamentos de la Unión Europea (Adjudicación de Contratos de Concesión) de 2017 (S.I. 203/2017) (los “Reglamentos”) tienen efecto retroactivo, lo que significa que se considera que el nuevo régimen ha entrado en vigor a partir de abril de 2016 (cuando la Directiva debería haber sido implementada). Esto podría plantear algunas cuestiones sobre los acuerdos de concesión recientemente adquiridos y la aplicabilidad de los nuevos reglamentos.
Por primera vez, las concesiones de servicios se regularán junto con las concesiones de obras. (Anteriormente, las concesiones de servicios estaban excluidas de la aplicación de las directivas de contratación y sólo se regulaban mediante la aplicación de los principios del Tratado de la UE, mientras que las concesiones de obras estaban sujetas a algunas normas limitadas en virtud de la antigua directiva clásica).
Un contrato de concesión es un contrato del mismo tipo que un contrato de servicio público o de obra pública, salvo por el hecho de que la contrapartida de la prestación de los servicios o de las obras consiste, bien únicamente en el derecho a explotar el servicio o las obras, bien en este derecho junto con una remuneración. En consecuencia, cualquier riesgo asociado al contrato se transfiere generalmente al concesionario.
‘políticas públicas, ilegalidad y contratos’: 2015 allen & overy
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Los CfDs incentivan la inversión en energías renovables proporcionando a los promotores de proyectos con elevados costes iniciales y larga vida útil una protección directa frente a la volatilidad de los precios mayoristas, y protegen a los consumidores del pago de mayores costes de apoyo cuando los precios de la electricidad son elevados.
Los generadores de energías renovables situados en el Reino Unido que cumplen los requisitos de elegibilidad pueden solicitar un CfD presentando lo que es una forma de “oferta sellada”. Hasta la fecha se han celebrado tres subastas, o rondas de asignación, en las que diversas tecnologías renovables han competido directamente por un contrato.
Los promotores de proyectos de energías renovables que ganan el concurso firman un contrato de derecho privado con la Low Carbon Contracts Company (LCCC), una empresa pública. Los promotores reciben una tarifa fija (indexada) por la electricidad que producen durante un periodo de 15 años; la diferencia entre el “precio de ejercicio” (un precio de la electricidad que refleja el coste de la inversión en una determinada tecnología baja en carbono) y el “precio de referencia” (una medida del precio medio de la electricidad en el mercado británico).
