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La contratación gubernamental o contratación pública es la adquisición de bienes, servicios y obras en nombre de una autoridad pública, como un organismo gubernamental. Al representar el 12% del PIB mundial en 2018,[1] la contratación pública representa una parte sustancial de la economía mundial.
Para evitar el fraude, el despilfarro, la corrupción o el proteccionismo local, las leyes de la mayoría de los países regulan en cierta medida la contratación pública. Las leyes suelen obligar a la autoridad contratante a convocar concursos públicos si el valor de la contratación supera un determinado umbral. La contratación pública también es objeto del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), un tratado internacional plurilateral bajo los auspicios de la OMC.
La contratación pública es necesaria porque los gobiernos no pueden producir por sí mismos todos los insumos para los bienes que proporcionan. Los gobiernos suelen proporcionar bienes públicos, por ejemplo, la defensa nacional o las infraestructuras públicas. Los bienes públicos son no rivales y no excluibles, lo que significa que el consumo de un individuo no disminuye la cantidad o la calidad del bien disponible para otros, y no se puede impedir que los individuos consuman libremente el bien, o “free-riding”. Por consiguiente, los mercados privados no pueden proporcionar bienes públicos. En su lugar, el gobierno proporciona esos bienes y los financia recaudando impuestos de todos los ciudadanos[2].
Fases del plan de mantenimiento del ciclo de vida
Informe preceptivo Oficina Nacional de Evaluación (artículo 333. 3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)Este procedimiento permite solicitar ante esta Entidad la emisión de un informe que analice la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, así como los acuerdos de reequilibrio económico a adoptar en este tipo de contratos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 333 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y el artículo 1 de la Orden HFP/1381/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación. Órgano responsable: Oficina Nacional de EvaluaciónMateria: ContratosCódigo SIA: 2716766Ir al procedimiento
El informe se solicitará con carácter previo a la licitación pública siempre que se trate de un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, formalizado por poderes o entidades adjudicadores (u otros entes u organismos dependientes) de la Administración General del Estado o de las Corporaciones Locales, así como de aquellas Comunidades Autónomas adheridas a la ONE.Estos contratos deberán reunir las características descritas en los apartados a) y b) del artículo 333.3 de la LCSP.También se solicitará informe sobre los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato (de acuerdo con lo previsto en los artículos 270. 2 y 290.4 de la LCSP), si se trata de concesiones de obras o concesiones de servicios previamente informadas de acuerdo con los apartados a) y b) del citado artículo 333.3 de la LCSP o suponen la incorporación a los contratos de elementos que los hagan susceptibles de informe.El procedimiento se iniciará cumplimentando el formulario de solicitud que se encuentra en el portal de tramitación, adjuntando toda la documentación necesaria de acuerdo con la propia LCSP y la Orden HFP/1381/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación.
Anexos requeridos de lcsp
El anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de abril de 2015, la remisión del proyecto de ley a las Cortes tuvo lugar el 25 de noviembre de 2016 y a pesar de la publicación por tramitación urgente y la atribución de competencia legislativa plena a la Comisión el 2 de diciembre, tuvo hasta 10 prórrogas de plazo para presentar enmiendas: desde el 14 de diciembre en que finalizó hasta el 3 de marzo.
Una estructura y un desarrollo pródigo, complejo, confuso, con remisiones y contradicciones internas (como la ahora alabada acción directa, el perfil o la plataforma de publicidad…), o la contratación electrónica que no se entenderá hasta la DA 16 y la DA 17 , …)
Sin embargo, el clima ha sido de casi total acuerdo entre los grupos. En un ambiente casi festivo y en el que los agradecimientos entre ellos y un magnífico clima de acuerdo político, la ratificación de la ponencia se centró en que la nueva norma pone el acento en las políticas públicas relacionadas con la contratación, la eficiencia y la prevención de la corrupción. Y es que como señaló el Sr. José Vicente Maró Bosó (GP) de las 1081 enmiendas de las cuales 975 han sido aceptadas en su totalidad o transaccionadas.
Plan de mantenimiento del ciclo de vida dod
La disposición adicional 8ª del RD Ley 17/2020 establece ex lege la reanudación de los procedimientos de contratación que hubieran sido suspendidos como consecuencia de la declaración del estado de alarma, siempre que puedan tramitarse por medios electrónicos. También permite el inicio de nuevos procedimientos de contratación en las mismas condiciones, es decir, cuando se realicen por medios electrónicos.
La disposición adicional establece, a partir de su entrada en vigor, el levantamiento de la suspensión de plazos e interrupción de los mismos en los procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al Sector Público que venía impuesta por la disposición adicional 3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma. Esta disposición condiciona la continuación del procedimiento a realizar por medios electrónicos.
Por último, la disposición adicional 8ª establece que “esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos”. Con esta afirmación un tanto críptica, el legislador estaría abriendo la posibilidad del recurso especial en materia de contratación contra los actos que se dicten en el curso de los procedimientos reanudados y recién iniciados, es decir, la interposición de nuevos recursos.
