लेबर कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें
La contratación es uno de los procedimientos más utilizados para el trabajo de la Administración y para proporcionar todo tipo de bienes y servicios a los ciudadanos. Entre otros, está la contratación de bienes básicos (medicamentos, alimentos, materiales…), servicios (limpieza, seguridad, mantenimiento…), construcciones (hospitales, carreteras, colegios, puertos…), gestión de servicios públicos (transporte escolar, residencias de ancianos, telecomunicaciones…). Más del 50% del dinero de los contratos se adjudica mediante procedimientos abiertos. También hay acuerdos marco, acuerdos negociados y otros procedimientos.
Tener información pública sobre quién contrata, qué, cómo y a quién se contrata, y el coste de los contratos es un derecho de los ciudadanos, así como un requisito para la confianza en la gestión de la Administración y un arma para evitar la corrupción.
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Ventana de oportunidad para el agua pública en Cataluña19 Octubre 2015ArtículoLa situación de la gestión del agua en la región de Cataluña, España, es catastrófica. La omnipresencia del sector privado del agua está creando impactos enormemente negativos a nivel económico, social y medioambiental. Por ello, los municipios catalanes se están viendo arrastrados por la ola de remunicipalización del agua que se está produciendo en todo el mundo, y el impulso para recuperar la gestión pública de los sistemas de agua está cobrando fuerza.
La privatización de los servicios de agua afecta hoy en día a aproximadamente el 84% de la población de Cataluña, a través de sociedades mixtas o de empresas totalmente privadas. Esta situación es bastante singular ya que, por el contrario, la gran mayoría de los sistemas de agua están bajo control público a nivel mundial. Además, el panorama de la gestión del agua en la región presenta dos características distintivas.
En primer lugar, las empresas privadas se concentran en los núcleos de población medianos y grandes. Aunque más de la mitad de los municipios catalanes tienen servicios públicos de agua (507 frente a 437 en los que estos servicios están privatizados), sólo representan el 16% de la población. Se trata, por tanto, de municipios pequeños, donde es difícil beneficiarse de las economías de escala y donde la rentabilidad de las inversiones es menor que en las ciudades más grandes, donde las empresas privadas pueden esperar obtener beneficios.
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El ex presidente catalán Carles Puigdemont fue detenido en Italia el jueves (23 de septiembre), según su abogado y un asesor, cuatro años después de huir tras un referéndum de independencia que Madrid consideró inconstitucional.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pronunciará un importante discurso en Barcelona el lunes (21 de junio), ya que su Gobierno está dispuesto a indultar a los separatistas catalanes encarcelados tras el fallido intento de independencia de 2017.
El Parlamento Europeo ha votado el levantamiento de la inmunidad del ex jefe de gobierno regional de Cataluña y de otros dos legisladores separatistas, lo que les acerca a la extradición a España, donde están acusados de sedición.
Los partidos separatistas ganaron el domingo (14 de febrero) suficientes escaños en el parlamento regional de Cataluña para reforzar su mayoría, aunque el fuerte resultado de la rama local de los socialistas gobernantes en España apuntaba a un diálogo, más que a una ruptura, con Madrid.
Los principales candidatos a ser el próximo presidente del gobierno español se enfrentaron el lunes (4 de noviembre) sobre cómo manejar el impulso independentista de Cataluña, en un tenso debate televisivo antes de una repetición de las elecciones que, según las encuestas, podría ser tan poco decisiva como la de abril.
Notificación de empleo
A continuación, analizamos los principales ejes del nuevo marco normativo de los contratos públicos resultante de la primera Ley y, en un sentido más general, analizamos el impacto que este marco tendrá en los gestores públicos.
El pasado mes de octubre, el Congreso aprobó la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y la Ley 31/2007, también de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en materia de agua, energía, transportes y servicios postales. A pesar de algunos obstáculos puntuales para avanzar en la Ley o aplazarla, ambas entrarán en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que se produjo el 31 de octubre de 2007. A partir de ese momento, existirá en España un nuevo marco normativo para los contratos del sector público, un marco que incluye importantes novedades respecto al actualmente vigente, que deriva esencialmente del modelo aprobado originalmente en 1995 con la aprobación de la entonces denominada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) y las modificaciones añadidas posteriormente.
