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El expediente de regulación de empleo (ERE) es un procedimiento administrativo especial de carácter laboral que se puede ejecutar por el fracaso de la actividad empresarial como consecuencia de problemas económicos, técnicos, organizativos o de producción. Desde que se aprobó el Real Decreto-ley 10/2010, se puede aplicar con independencia del número de trabajadores afectados. La Ley 3/2012 eliminó el requisito de la autorización administrativa.
Un mecanismo especial cubre también a los trabajadores domésticos (personas que están dadas de alta en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, antes de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020).
El expediente de regulación de empleo es un procedimiento administrativo laboral especial que permite a las empresas despedir temporalmente a los trabajadores o reducir la jornada laboral. En cuanto a las consecuencias de la medida, en los casos de despido temporal los trabajadores tienen derecho a prestaciones por desempleo, mientras que la empresa debe seguir cotizando a la Seguridad Social. En el caso de la reducción del tiempo de trabajo, los trabajadores tienen derecho a un subsidio de desempleo parcial. En estos casos, el tiempo de trabajo puede reducirse entre un 10% y un 70%. Una vez finalizada la medida, los trabajadores se reincorporan a su puesto de trabajo según sus condiciones contractuales anteriores.
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Es el procedimiento que han de llevar a cabo las empresas cuando, como consecuencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, tengan que suspender temporalmente la totalidad o parte de su actividad, con la consiguiente suspensión de contratos de trabajo o la reducción temporal de la jornada de los trabajadores de dicha empresa.
Al tratarse de una medida temporal, la empresa no deberá abonar indemnización alguna a las personas trabajadoras afectadas, sin perjuicio del derecho de éstas a percibir las correspondientes prestaciones de desempleo.
La empresa enviará un correo electrónico a [email protected] indicando un teléfono de contacto, la dirección de los centros de trabajo y una relación de trabajadores por centro de trabajo. A partir de ese correo se le facilitará información sobre la forma de proceder.
No, no todas las empresas afectadas por un ERTE tienen derecho a la exoneración de tasas, la abundante normativa que se ha ido publicando a partir del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, ha ido regulando la motivación de las empresas según la evolución o situación de la pandemia (a través de diferentes tipos de ERTEs), bonificando en un primer momento a aquellas empresas cuya actividad fue suspendida o limitada por la pandemia, posteriormente en la transición o desescalada bonificando a aquellas empresas que fueron recuperando su actividad paulatinamente y con el Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre incentivando a aquellas empresas cuya por causa de reaparición de la pandemia su actividad ha sido limitada o suspendida.
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Dependiendo de la actividad de la empresa afectada, ésta podrá suspender temporalmente parte de su actividad o incluso toda. Al tratarse de una medida temporal, la empresa no tendrá que pagar indemnizaciones a los trabajadores afectados. Aunque esto no elimina el derecho de los trabajadores a recibir las correspondientes prestaciones por desempleo.
Es por tanto una medida de fuerza mayor que afecta a muchas empresas y trabajadores. Afecta directamente a las empresas que deben suspender o anular actividades, al cierre de establecimientos. También a empresas directamente relacionadas con el transporte y la movilidad, que debido a la emergencia actual no pueden sostener el bienestar de la plantilla.
Debido a las circunstancias excepcionales que estamos atravesando, la Seguridad Social ha indicado que “todos los afectados podrán cobrar el paro, aunque no hayan cotizado el periodo mínimo necesario para ello”. Durante la duración del ERTE, el trabajador percibirá el 70% de la base reguladora durante los seis primeros meses de paro. Además, a partir del séptimo mes, recibirá el 50%.
¿Qué es un ERTE en España?
Una comunicación de la empresa a los representantes sindicales y a los trabajadores en la que les ordena constituir una comisión representativa para abordar un periodo de consultas en el que negociar una suspensión de contratos de trabajo y una reducción temporal de jornada, pero en la que prescinde del plazo de cinco días previsto en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/220 denota un desconocimiento de las normas que regulan el procedimiento.
Así lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia de 20 de julio en la que destaca que “la redacción de tal comunicado evidencia la falta de importancia que la empresa da a las consultas que se van a desarrollar al referir que “la empresa asume que se estimará la concurrencia de la causa organizativa y que se arbitrarán por la administración competente los medios para la rápida y eficaz tramitación y reconocimiento de la situación y los correspondientes beneficios para los trabajadores afectados”.
